Propiedad Industrial y Libertad.

Toda labor investigativa que verse sobre los fundamentos jurídicos de una economía libre, lleva a tratar ineludiblemente de la PI (propiedad industrial en sentido amplio, que abarca no sólo la propiedad del mismo nombre, sino también la intelectual). Ello me llevó a buscar en la bibliografía española algunas obras que traten de los fundamentos filosófico-jurídicos de la PI. Sin embargo, tanto en las librerías jurídicas locales, como en las páginas de internet de las más prestigiosas librerías españolas (singularmente http://www.marcialpons.es), no pude encontrar nada al respecto. Los libros encontrados comienzan explicando los detalles de cada materia específica dentro de la PI, pero falta toda reflexión general sobre la filosofía que respalda la PI.

Ello me parece sumamente preocupante, pues una rama del conocimiento sólo puede ser madura y perdurable en el tiempo, si su elaboración y estudio parten de una sólida filosofía y “parte general” de la materia, que establezca la estructura, la espina dorsal en la cual se alinearán armoniosamente todos los componentes de la rama del conocimiento. Considero que trabajar en ello representa una necesidad tremendamente importante para la PI.

En la búsqueda aludida consulté varias obras latinoamericanas, y el panorama resultante fue desolador. Así, en dichos libros se manifestaron creencias como las siguientes: – Las marcas son responsables de que los precios de los diferentes productos multipliquen varias veces el valor real de aquello que se vende. – El patentar productos viola el derecho a la vida, pues sólo pueden acceder a ellos quienes puedan pagarlos, y no todas las personas. – Las patentes suponen un regreso a la Era Feudal, en la cual unos cuantos acaudalados exigen que se les paguen “peajes” (regalías) para utilizar lo que realmente es de todos. – Las patentes implican que los descubrimientos o ideas nuevas que se han realizado con inversión estatal y tiempo de sus autores, sean apropiados por los intermediarios, y se aprovechen de ello para ganar mucho dinero, y sin que se genere ganancia ni para las Administraciones Públicas ni para sus autores. – La publicidad, desde hace muchas décadas, ha dejado de ser un proceso para informar sobre las características de los productos, para convertirse en sistemáticas agresiones manipulativas a los potenciales consumidores, con la finalidad de hacerles nacer necesidades artificiales que los lleven a gastar más de forma innecesaria. – Las marcas se aprovechan de la manipulación del consumidor para extraer exorbitados beneficios económicos explotando a menores de edad y demás personas pobres, forzándolos a trabajar de forma inhumana.

Me indica la intuición que este NO es el camino correcto para abordar el tema de la PI. Si lo anteriormente referido fuera eventualmente cierto, implicaría una crítica a cómo se ha puesto en práctica el sistema de PI en uno o más países, pero NO constituye una objeción a la PI como tal, sino que nos debe impulsar a regular mejor la materia, y llevar sus dictados a la práctica con un mejor control, merced a mecanismos más eficaces y eficientes.

La intuición aludida se apoya en una serie de vivencias personales, del fuero más interno, como la siguiente: La experiencia de que las medicinas sobre las cuales mejora mi salud, requieren por su misma esencia la existencia de marcas protegidas. Ello se debe a la necesidad imperiosa de distinguir entre las medicinas que son resultado de procesos productivos correctos respaldados por controles de calidad (que son los medicamentos que me hacen bien), y aquellas “medicinas” (las que me proporciona la Seguridad Social) que no se fabrican ni controlan adecuadamente, y que en la práctica desmejoran visiblemente, en pocos días, mi estado de salud, con perjuicio evidente. Si no existiesen las marcas, no podría yo distinguir en la farmacia qué producto necesito comprar, pues se identificarían igual los medicamentos realizados de manera segura, de aquellos fabricados irresponsablemente (los que suministra la Seguridad Social).

En segundo término, si es verdad que determinados productos de marca se generan en fábricas con condiciones inhumanas, entonces las marcas podrían utilizarse para que el consumidor identifique cuáles géneros se efectúan con condiciones inhumanas, y cuáles son producto de un mejor trato a los trabajadores. Esta diferenciación permitiría que el consumidor pueda comprar únicamente aquellas marcas que le merezcan confianza por las condiciones de los trabajadores que las producen.

En tercer lugar, la PI permitirá cada vez en mayor grado escoger los productos en función de aspectos tales como su carácter orgánico, empleo de compras verdes, tecnología, utilización o no de manipulaciones genéticas, origen, gestión de residuos, etc. Sin PI le sería imposible al consumidor distinguir unos productos de otros, y elegir responsablemente de acuerdo a sus convicciones íntimas.

Respecto a la supuesta incompatibilidad entre PI y la necesidad de dar prioridad a la vida humana, nos encontramos ante una falsa dicotomía, por cuanto los poderes públicos se hayan facultados a tomar medidas jurídicas, respaldadas en derechos constitucionales y motivadas también por estados de necesidad, para armonizar los intereses privados con el interés público, indemnizando cuando corresponda. En todo caso, recordemos con Hayek que la posibilidad de explotar de forma “monopólica” determinadas prerrogativas durante cierto tiempo, implica un beneficio que es el que brinda la motivación para que los inversionistas, mediante su dinero, hagan posible la comercialización de determinadas creaciones, siendo precisamente dicha comercialización una actividad que redundará en beneficio de todos, por lo cual nos encontramos, una vez más, con que la iniciativa privada satisface efectivamente las necesidades colectivas.

En resumidas cuentas, se llega a la convicción de que la PI constituye el mecanismo jurídico por el cual los productos y servicios que se llevan al mercado reflejan de manera transparente el sujeto (persona o entidad) al que se atribuye su creación y/o distribución, de modo que permite que el mercado, a través del consumidor, haga efectiva la exigencia de responsabilidad por lo que los productores entregan al mercado.

Precisamente los procesos de hacerse responsables de aquello que se realiza en la vida, son de vital importancia, pues una sociedad libre, para ser madura y no decadente, necesita que se refuerce constantemente la responsabilidad por lo que cada persona y entidad lleva a cabo, lo cual implica una diaria defensa de los intereses de cada partícipe en el mercado (Jhering).

Una sociedad en la cual las personas no pugnen diariamente por defender sus intereses, en la cual por tanto no se exijan responsabilidades, y en las cuales las personas se dejen llevar por colectivismos u otros mecanismos de eludir su deber de protagonizar sus vidas, se dirige a la decadencia, es decir, a su extinción (Jhering).

La PI hace posible la vitalidad del mercado a través de la responsabilidad que asume cada partícipe en el mismo.

Por ello, sin PI no hay economía libre… ni tampoco una sociedad saludable.

Sin PI, una sociedad libre firma su sentencia de muerte.

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